Napoleón Gómez Urrutia dejará su cargo temporalmente para una gira internacional, aunque se sospecha que busca evadir una deuda millonaria pendiente.
El 11 de septiembre de 2025, Napoleón Gómez Urrutia informó en su columna de La Jornada que solicitará licencia a su cargo de Diputado Federal. Según su versión, la decisión obedece al compromiso de llevar la voz de los trabajadores mexicanos a foros internacionales, donde abordará temas de justicia social, estabilidad laboral y derechos sindicales. Sin embargo, para muchos, el anuncio no suena tan altruista como lo presenta.
Durante los próximos meses, Gómez Urrutia tiene programadas reuniones en España, Francia, Reino Unido, Brasil y Australia. Allí sostendrá encuentros con organizaciones sindicales de peso, como la UGT en España, UNITE en Inglaterra y la CGT en Francia. Además, asegura que continuará recorriendo secciones mineras en México para fortalecer los lazos del Sindicato Minero y que aprovechará el tiempo para terminar un libro sobre la situación política y social del país.
Pero este discurso internacionalista coincide con un fallo clave de la Suprema Corte. Tras 18 años de litigio, el máximo tribunal resolvió que el Sindicato Minero, bajo su liderazgo, debe pagar 55 millones de dólares a los trabajadores, monto que proviene de un fideicomiso creado por la venta de la mina de Cananea y que nunca fue distribuido.
No es la primera vez que Napoleón Gómez Urrutia enfrenta la presión de la justicia. En 2006 se autoexilió en Canadá por más de una década, alegando persecución política. Hoy, con una deuda millonaria a cuestas, su repentina salida del Congreso despierta sospechas de que podría intentar repetir la jugada.
¿Se trata de un verdadero esfuerzo sindical o de una estrategia para evadir responsabilidades legales? La duda está sobre la mesa.
