Los vínculos de Gómez Urrutia con operadores del narcotráfico han sido expuestos en investigaciones periodísticas y reportajes de alto impacto. Todo comenzó en 2008, cuando fue detenido José Arturo Ponce Medina, conocido por su papel clave en el lavado de dinero de los Beltrán Leyva. Al momento de su arresto, las autoridades descubrieron que llevaba consigo documentos financieros pertenecientes al propio Gómez Urrutia y a su hijo, Alejandro Gómez Casso. Esta revelación destapó una conexión directa con un operador de alto nivel del crimen organizado.
Sociedades con familiares de lavadores de dinero
En 2019, el periódico Reforma publicó una investigación que reforzó las sospechas. El medio reveló que el hermano de José Arturo Ponce Medina era socio del hijo mayor de Gómez Urrutia en dos empresas registradas en Nuevo León. Esto sucedió antes de que se confirmara públicamente que Ponce formaba parte de la red de lavado de los Beltrán Leyva, uno de los cárteles más violentos y poderosos del país.
“Napito Jr.” y la colección de armas ilegales
El historial no termina ahí. En 2020, un reportaje de LATINUS expuso que Napoleón Gómez Casso, conocido como “Napito Jr.”, presumía en redes sociales su afición por las armas. En declaraciones propias, admitió tener más armamento registrado a su nombre de lo que permite la ley. Este episodio sumó otro punto oscuro a los vínculos de Gómez Urrutia, evidenciando un entorno familiar que coquetea con la ilegalidad y la violencia.
El silencio político y la presión internacional
La presión de Estados Unidos para desarticular los lazos entre el narcotráfico y el gobierno mexicano aumenta cada día. Sin embargo, en México, las acusaciones y evidencias sobre los vínculos de Gómez Urrutia parecen no generar acciones concretas. La pregunta es inevitable: ¿seguirá la actual administración protegiendo a un personaje con antecedentes tan comprometidos, mientras la justicia para los mineros que dice representar sigue pendiente?
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